Paloma Llaneza

Vía :: Abonauta

Así titula Javier Pradera su opinión en El País de hoy en donde explica de manera clara y precisa por qué las escuchas a abogados supone un atentado al derecho de defensa y, en definitiva, a unos cuantos artículos de la Constitución, entre ellos, y para que no me tilden de corporativista, el del “reo” a no declarar contra sí mismo. Así comienza su artículo:

La invalidación de las escuchas de las comunicaciones carcelarias entre tres imputados del caso Gürtel y sus abogados no afecta sólo al futuro de un sumario de corrupción política que contamina al PP y de una querella por prevaricación contra Garzón. También interesa a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos investigados por la justicia, con independencia del buen o mal fundamento de las acusaciones y de la naturaleza del presunto delito. Las simpatías o antipatías hacia el PP o hacia Garzón no deberían contar a la hora de pronunciarse sobre el asunto.

Conviene leerlo entero y agradecer a El País que, aunque a toro pasado y en un artículo de opinión, le conceda algo de espacio (ni mucho menos el mismo que a la transcripción de las grabaciones nulas, por cierto) a la reflexión jurídica sosegada.

LLevada tanto por la indignación como por las ganas de dejar de ver la foto del chocolate con churros cada vez que abro esta página, enciendo el ordenata en un vuelo espachurrado de camino ¡de nuevo! a Barcelona y me pongo a escribir para despotricar contra El País.

Soy lectora desde que tengo memoria y me tratan muy bien, a que negarlo, en esa casa, pero en el tema de las escuchas del caso Gurtel y en las querellas a su bien amado juez Garzón, tenemos posturas más que encontradas.

Vaya por delante que me he pasado la última década viendo como el mérito, la capacidad y el esfuerzo eran una antigualla y como los más sinvergüenzas e iletrados se convertían en los referentes sociales. He visto horteras de todos los sectores y colores enriquecerse y comprarse en Hermés, para adornar su cuerpo de botijo, desde los calzoncillos hasta los llaveros. He visto como había que gastarse 3000 euros en tener un bolso que se pasaba de moda a los tres meses y, lo peor, he visto que este tipo de cosas se consideraban no sólo una conducta aceptable sino un fin tan santo que cualquier camino para su obtención se convertía, a su vez, en digno y aprobable. He visto como el resto de la sociedad española imitaba estas horteradas, se gastaban los ahorros de los jubilados de Florida y dejaban de estudiar porque la educación y los buenos modales, a la vista estaba, no daban ni dinero ni prestigio. La frase más repetida de estos años ha sido “yo voy a disfrutar de la vida, no como mis padres”, esos padres de los que ahora, por cierto, viven.

Me siento, pues como el replicante extinto de Blade Runner “He visto cosas….”

Queda claro que ni me caen bien los sinvergüenzas ni las administraciones, de todo signo, que se han dedicado y se dedican a abusar de su poder. Sin embargo, y a pesar de que en estos años de bonanza nos hemos cargado prácticamente todo lo que tiene valor (que no precio), cuando le filtraron a El País el sumario de los gurtelianos y leí las grabaciones de las conversaciones entre los imputados y sus defensas en los locutorios de los centros penitenciarios me indigné. Como me he indignado esta mañana con el artículo de El País que en lugar de cerrar filas con el Estado de Derecho, cierra filas con su línea editorial, y, por si finalmente el TSJ de Madrid anula las conversaciones, las reproducen de nuevo para su debida constancia.

Teniendo en cuenta que el juez Garzón, quien acordó las escuchas, tiene el record de nulidades por incorrecta tramitación, alegar que las escuchas son legales porque hay orden judicial es un sarcasmo. El auto de ratificación de estas escuchas realizado por el juez Pedreira, aparte de ser un corto y pego lamentable, es una acto de corporativismo que, esperemos, acabe con la decisión del TSJ de Madrid.

Porque, aunque a Chiqui le ofenda que por un “formalismo” vayan a la calle unos “presuntos”, a mi lo que me ofende es que se llame formalismo a una regla de oro que fundamenta nuestro sistema de defensa: el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente. Si el cliente está en prisión y se ponen grabadoras en los locutorios, único sitio donde se pueden encontrar para discutir su defensa, que me diga alguien como se asegura ese derecho.

No es la primera vez que tengo que escuchar que diseñar una defensa es tanto como convertirse en ese ser despreciable que todo abogado es y que nos lo tenemos bien merecido, abogados y clientes. Eso pasa hasta que el que opina pasa a ser cliente y la policía, la administración o los jueces le pasan por encima. Entonces la cosa cambia radicalmente.

Si un cliente no puede hablar libremente con el abogado que ostenta su defensa por miedo a que un juez iluminado, que confunde administrar justicia con ser Batman, le escuche ¡apaga y vámonos!

Para tranquilidad de todos adelantaré que la porra no tiene ánimo de lucro, ni contenido económico, ni ná de na. Casi ni es una porra, más allá de la apetitosa foto (no tiene nada que ver, pero hay que dar color al blog). Lo digo por si alguien viene a pedir el premio, porque unos cuantos la habéis acertado.

El sábado hacía nuevas cábalas uniendo los trozos de lo que se contó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes y ahora compruebo, con el texto a la vista, que se parece bastante. Y que se han dejado sin resolver una cuestión importante (por lo menos para mi). Como entre los lectores de este bloguezuelo hay eminentes juristas les “reto” a que encuentren el fleco que se han dejado.

No es el teorema de Fermat, pero entretiene.

Reflexión posterior: A lo mejor no han dejado la cuestión sin resolver por despiste. Lo cierto es que está muy bien pensado para generar una “inversión de la carga del proceso”. Voy a estudiar a ver que efectos tiene la prejudicialidad civil en lo contencioso. A lo mejor encuentro algo interesante. La porra sigue, eh!!

Esta mañana ABC ha tenido la cortesía de invitarme -Julio Alonso mediante- a una mesa redonda sobre la nueva-versión-libre-para-la-radio de la Ley Sinde. Todo un ejercicio de equilibrismo y de clarividencia ya que ninguno de los presentes admitió haber visto la reforma que, parece, va a Consejo de Ministros mañana.

Tenemos una versión un tanto embarullada facilitada por El País, en la que no se entiende muy bien si hay un procedimiento administrativo primero y otro civil después, o que puñetas han inventado para que no se requiera la modificación de ninguna ley procesal.

Al final del debate me he quedado con dos reflexiones del representante de la Coalición de Creadores a partir de las que voy a hacer una apuesta de corto recorrido (mañana salimos de dudas) de cuál es la propuesta del Gobierno con respecto a este procedimiento de cierre de webs. Una ha sido, en réplica a un comentario mío sobre que se legisla “a tontas y a locas”, que en este proyecto han trabajado sesudos abogados del estado con bisturí laser jurídico. Y la segunda es que el juez que va a dar la orden de cierre no va a ser un juez civil sino de lo contencioso administrativo.

¿Mi interpretación? Se va a mantener un procedimiento administrativo que será instruído por la Comisión de Propiedad Intelectual al final del cual se dictará un acto administrativo que, como todos los que le damos al administrativo o nos han puesto una multa de tráfico sabemos, tiene el privilegio de la autoejecución: es decir, que la administración que lo dicta puede ejecutarlo sin auxilio judicial. Conviene recordar también que en el mundo del acto administrativo funciona  el principio solve et repete, latinajo que significa recurre si quieres, pero primero paga o avala, porque el recurso no para la ejecución.

En esta historia, y como resultas de que el Presidente del Gobierno prometió que no se cerrarán webs sin intervención judicial, parece que la propuesta modificada podría ser la siguiente: la Comisión pedirá la ejecución al Juez de lo Contencioso-Administrativo de la resolución que ella misma ha dictado. El juez no adopta, entonces, una medida cautelar, sino que valora si hay o no afectación de derechos fundamentales y, si no los hay, ejecuta la resolución administrativa en sus propios términos. En paralelo irá el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comisión, si lo interpone el titular de la web. Si al final se revoca esa decisión, el que haya sufrido el cierre, aparte del pataleo, tendrá la complicada vía de la reclamación de indemnización a la administración.

Por su parte el titular de derechos se ahorra el abogado, el procurador y la caución que le podrían imponer al solicitar una medida cautelar, y se ve respaldado (si le dan la razón) por un órgano administrativo que paga el contribuyente. Lo de la rapidez, dependerá del Juzgado.

Esta es mi apuesta de corta duración; mañana sabremos si me equivoco o no ¡Qué nervios!

Había una costumbre en la prensa escrita (también en las televisiones) que consistía en introducir una noticia falsa, generalmente indolora, para celebrar esta festividad sin necesidad de poner purgante en el café a nadie, costumbre patria ésta útima que solía ir acompañada de retortijones y de la frase “¡es que no sabes aguantar una broma!”.

Esta tradición, que ayudaba a la venta de prensa -pues llevaba aparejada la compra de todos los períodicos para encontrar la inocentada-, fue abolida por El País al considerarla poco seria. Trás él todos los medios de comunicación se deshicieron de una de las tontadas que me hizo lectora de prensa.

Hoy me llama un amigo y compañero de profesión para decirme: ¡Oye!, parece que han reeditado lo de las inocentadas en prensa ¡sales en la portada del Cinco Días!.

Pues será.

Que la fuerza os acompañe en esta noche de borracheras, discusiones familiares y regalos infumables.

Feliz Navidad

Pesada me pongo, lo sé. Pero para todos aquellos que me preguntan, insistentes, cuando se publica la ISO/IEC 27004:2009  os diré que desde hace una semana ya está disponible en la página de ISO por unos cuantos euros, o dólares u otras monedas de curso legal.

Y a los que me escribís con igual insistencia para preguntar dónde se encuentran las normas por la patilla o si se las puedo mandar en plan “señorita, deme una ISO” os reiteraré que os dirigís a la persona equivocada: si quiero que no me echen del subcomité y me arranquen los galones de editora, no puedo ni debo facilitar ningún texto, sea  de trabajo o ya publicado. Así que o pagáis o buscáis otra fuente.

Además, como se están poniendo las cosas, no quiero que, vía Ley Sinde, me cierren el blog por infracción de derechos de propiedad intelectual de ISO.

Y en la gestión adecuada del tiempo, me atrevería a añadir. Por el estado de abandono de este blog en los últimos días, está claro que el egoblogging y el resto de las actividades humanas, incluida la nada desdeñable de ganarse el pan, son, muchas veces y en mi caso, incompatibles.

Lo que no quiere decir que me olvide de dar las gracias a Borja Hermoso por soltarme el marrón en forma de honor de escribirme algo de la Ley Sinde, con hora y media de preaviso, y de invitarme a compartir mesa y puyas con unos amigos … y un señor que hace películas (me guardaré mi opinión sobre la calidad de las mismas) y que, siento el populismo, viene a un debate a hablar de los compañeros en el paro, en un Mercedes con chofer, porque le sale a alguien (no a él) más a cuenta que pagarle los mil euros que, dijo, consumía en taxis al mes.

Aparte de imprudente, me llamó “la chica” y ahí sí que la cagó bien conmigo. Que gaste lo que quiera, pero misoginias las justas… lo que no me impidió darle la razón cuando la tuvo, que la tuvo. Ya me hubiera gustado que no.

La Agencia de Seguridad de la UE, ENISA (the European Network and Information Security Agency) ha presentado un documento relativo a los riesgos de autenticación en los servicios de banca on-line haciendo uso de los “European eID Cards”, los documentos de identificación electrónicos.

El documento analiza 7 vulnerabilidades, identifica 15 amenazas y facilita recomendaciones de seguridad.