Paloma Llaneza

Haciendo mío el título de la nueva sección de Bertovisión “Estupor”, me meto en un charco siendo consciente de que me pueden sepultar en el barro.  Aunque, bien mirado, como no soy una blogger de culto veo difícil  ofender a nadie si digo que me parece  inadecuado el tono de la entrada de Enrique Dans y que discrepo de lo que cuenta el compañero David Bravo sobre la cuestión de la sentencia dictada de conformidad en el asunto Infopsp.

En cuanto a la primera, desconozco si Dans tiene datos que los demás no tenemos y le consta que hay un interés manipulador o mendaz en todos los medios de comunicación que han dado la noticia. Si, por el contrario, toda la base para llamarles mentirosos a cuello vuelto se basa en la incompleta información que el condenado da en su blog, me va a permitir que le diga que se le ha ido la mano bastante. Porque una cosa es llegar un acuerdo y otra cosa es tener la sentencia dictada y notificada en la mano, que uno no se va con la sentencia puesta a casa. Aún no he conseguido ver la fecha de la sentencia ni la de notificación a las partes. Si alguien tiene la amabilidad de mandármela con mucho gusto le daré la razón a Dans si lleva fecha de 24 de noviembre.  Si no, espero que Dans se retracte.

En cuanto a las dos entradas del compañero Bravo sobre este tema, resulta difícil no hacer un apunte a su afirmación “La verdadera noticia es que una persona se ha declarado culpable de algo que no era delito según el 100% de los jueces que habían resuelto anteriormente casos idénticos al suyo”. Como bien sabe el compañero Bravo estas sentencias no crean jurisprudencia y por lo tanto no sujetan a ningún otro juzgado o tribunal en el futuro, que son libres de valorar la prueba que se les aporta y tomar una decisión. La culpabilidad o la inocencia es algo que no depende de los hechos, como cualquier abogado sabe, sino de los hechos probados y de la aplicación de la ley a los mismos.

Creo que es de radical importancia aclarar este punto, ya que, parafraseando las informaciones de los fondos de inversiones, “absoluciones pasadas no aseguran absoluciones futuras”. Sé que es políticamente incorrecto decirlo pero los que nos dedicamos a esto del Derecho no hacemos ningún bien diciendo que las descargas son legales y generando confusión en lugar de dar luz.

Es de justicia distinguir: el P2P es un ilícito civil siempre. Ni con forceps vamos a conseguir que se considere copia privada un screener ¡seamos serios! ni  la copia de la copia de la copia que nos descargamos. Que no sea delito no lo hace menos ilegal. Pero es que cuando hay ánimo de lucro, es  delito. Y, sigamos siendo serios ¿cuántos jovenes de la edad del  imputado conocemos que se están forrando con la publicidad de sus páginas y encima libres de impuestos? No estamos hablando de un dinerillo para tomar un cafetín.

Era sólo una cuestión de tiempo que alguien fuera condenado por éstas páginas que “facilitan” las descargas (tanto da si es en contra de la voluntad del imputado, como si es con su conformidad, que no es otra cosa que una asunción de culpa) como es una cuestión de tiempo que los ingresos por publicidad se consideren ánimo de lucro a efectos penales ¿o de qué viven las televisiones? ¿de lo que les pagamos los televidentes? ¿qué ha pasado con la prensa escrita cuando la publicidad se ha desplomado?

Es bueno aclarar estas cuestiones a los que se nos acercan a preguntar. La obligación de un abogado es identificar el riesgo legal de la actividad de su cliente y, desde la independencia y el rigor, aconsejarle. Luego es él el que decide correrlo y pechar con sus consecuencias. Nuestra es la obligación de defenderlos, muchas veces de ellos mismos, pero nunca debemos sustituir su voluntad. Si no estamos de acuerdo con ellos, renunciamos a su defensa, y si ellos no les gusta cómo les aconsejamos, se buscan a otro en el que confíen más.

Me desagrada, lo confieso, la posición en que se está dejando a la compañera que ha defendido a Kuve, que no sé ni quien es y, como es obvio, de nada la conozco. Sin ver los autos no me atrevería a insinuar que, por su inexperiencia no le ha dado el mejor consejo. Creo que la entrevista que David Bravo realiza al condenado (que ya no imputado) no es suficiente para tomar razón del pleito y parece más una excusatio del condenado, que se ve, no se por qué, en la necesidad de justificar su decisión. Que aguante la vela y deje de buscar excusas en la inexperiencia de su Letrada, en su edad, mientras pide que sean otros los que se enfrenten al sistema, aguanten la pena de baquillo y los nervios de una imputación: -”quedaos vosotros en la barricada que ya si eso nos vemos un día de estos”

Y mi último estupor es el de escuchar que ésto es un golpe a la cultura libre ¿De verdad que la gente que defiende la cultura libre considera que esto socava de alguna manera sus postulados? Yo había entendido hasta ahora que ésta se basaba en apoyar un nuevo concepto de propiedad intelectual, que permitiese al autor elegir si quiere o no tener intermediarios y cómo y por qué se le remunera. ¿O es que los que se van a grabar al cine para luego “compartirlo” lo hacen todos por amor al arte? ¡Pá defensa tan cutre nos hemos quedado! Con un discurso de defensa de la legalidad de lo que son conductas contrarias a la ley vigente no se va ni a la vuelta de la esquina.

Si lo que se pretende es ser un lobby potente hay que levantar la mirada y trabajar por un cambio legislativo, que no llegará si entendemos que esta sentencia de verdad tiene algo que ver con tanta y tanta gente imaginativa y brillante que desarrolla en código abierto o que pone a disposición de los demás, bajo sus condiciones, sus fotos, su música, sus textos.

Como no tengo, ni mucho menos, el altavoz de El País, supongo que nadie llamará a esto publi-reportaje.

En esto de Internet siempre se ha discutido si facilitar o compartir información que tenga relación con bienes protegidos por propiedad intelectual está protegido por la libertad de expresión o no.

Os dejo para la reflexión el artículo de Steven J. Horowitz “A Free Speech Theory of Copyright” de la Stanford Technology Law Review.

En todas las reuniones esas internacionales a las que voy, los estadounidenses andan siempre sacando pecho a costa de su profusa experiencia en controles y herramientas para evitar el robo de identidad, o como ellos lo llaman, sobre gestión de la identidad.

Como soy la letrada en discordia siempre digo, por lo bajinis, que no tenemos la culpa el resto de la humanidad de que carezcan de control sobre quién es quién, o de quién es esta casa que acabamos de hipotecar.

En un país donde no se da un duro por la intimidad ni por la protección de datos personales, no acaba de sorprender que no tengan un mínimo control que permita que un muerto resucite sólo con pedir una partida de nacimiento, porque no se anotan en la misma hoja o de manera centralizada las defunciones; o que no haya documento de identificación ni sistema unificado de identificación biométrica como nuestra huella dactilar. Molesta y mucho al visitante ser fichado a la entrada cuando sus propios residentes cambian de nombre y vida como de camisa.

A lo mejor es que nosotros venimos de un estado policial y ellos de un país en donde cualquier cosa se considera una intromisión en la vida de los ciudadanos por parte del estado federal. Que hagan lo que quieran siempre que:

• no me pontifiquen en lo digital cuando el problema es de falta de seguridad jurídica pura y dura por la ausencia de mecanismos de control legal que permitan la correcta identificación de un individuo. No me gusta un pito que los chicos de la NSA -ajenos a la jurisdicción de los tribunales europeos- se inventen controles digitales cuando ni soy yo el problema ni está en mi la solución de su desbarajuste;
• cuando yo no sufra los problemas de su descontrol.

A la vista del artículo publicado ayer en el suplemento Negocios de El País, parece que no sólo pagamos la crisis ninja, sino también el carajal hipotecario de conceder crédito a personas inexistentes o sobre bienes de terceros. El artículo es interesado (no en vano lo escribe un notario) pero describe muy bien el problema.

Parece que el Juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid le ha dado la razón a YouTube en la petición de que Telecinco identifique los vídeos de sus programas que quiere ver retirados, evitando así un control cautelar y previo por parte de YouTube. Lo que, en términos prácticos, invalida la demanda de Telecinco que tendrá que poner unos becarios que le sobren a Ana Rosa para peinarse la web y presentar reclamaciones individuales e infinitas.

O no tanto, porque para la castaña de programación que tienen….

En fin, que lo cuenta mejor Enrique Dans, a la sazón perito del caso y pseudo-Hombre G (sólo le falta titular la entrada “sufre mamón..”) En fin,  este hombre ¡es que está en todo!

Un momento de risas para comenzar mi ponencia en el Congreso de Webmasters. Un agradecido abrazo a los no huyeron al taller de Google y se quedaron a aguantar la chapa.

Vía :: David Bravo

Informe de la OECD sobre el impacto económico de las falsificaciones y la piratería por sectores. De pago si lo quieres en papel, ya que no se puede imprimir. Para evitar la “piratería” blogera supongo.