Paloma Llaneza

Parece que hace falta un gráfico para seguir la errática pero perfectamente resistente política de privacidad de Facebook. Hay que darle las gracias a Lisa Waananen de Mashable por esta imprescindible guía.

Trás las numerosas peticiones de la audiencia y visto que el plazo era muy corto, la autoridad ha decidido que abramos el plazo de entrega de artículos hasta el 31 de agosto .. pero ni un día más, que el papel lleva su tiempo y entramos en máquinas (ya echaba de menos la expresión) el 5 de septiembre.

Animaos, que el verano es muy cansino.

Leo en el ABC de ayer la nota de prensa en la que Google informa sobre su cambio de política de Ads, permitiendo los anuncios de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo que hasta ahora prohibía.

He de confesar que ya conocía esa nota de prensa por ser el abogado que estaba detrás de la petición de ese cambio de sus políticas. Ya os dije que no me voy a pronunciar sobre mi postura personal sobre la legalización del aborto, no porque me preocupe, sino porque desvirtúa el debate que es importante en este asunto: dejar claro que las entidades monopolistas en Internet no deben de tener opinión sino aplicar la legislación de los países en los que presta servicios. Si Google acepta la censura china porque es un mercado que no se puede permitir perder, España tiene su sistema legal soberano que han de respetar igualmente. Así, en mi opinión, hay que entender esta decisión como un importante precedente de respeto a nuestras leyes (por controvertidas que sean) que no debería desdibujarse por un debate que existía antes de Google y que continuará después de esta decisión y con independencia de ella.

Me han pedido que coordine el próximo número de la Revista Telos de la Fundación Telefónica (Número 85: Derechos Fundamentales e Internet) y yo os pido que os animéis a participar mandando vuestros artículos. Aunque el plazo está muy cercano, no os preocupéis que os haremos hueco si llegáis un poco más tardes.

Aquí os van los detalles:

TELOS abre su convocatoria a propuestas de artículos para el Dossier central de un próximo número de 2010 sobre Derechos Fundamentales e Internet, de acuerdo con el abstract y las líneas preferentes de desarrollo más abajo recogidas.

Los textos en versión definitiva, deberán ser enviados antes del 15 de julio de 2010. Los artículos serán aprobados de forma anónima por su Consejo de Redacción y seleccionados para este Dossier, tal y como recomiendan los índices de prestigo en ciencias sociales a los que pertenece la revista (E.Revistas, DICE, etc).

Todos los autores recibirán una respuesta motivada de su valoración positiva, negativa o con petición de modificaciones. Si se produjera un exceso de materiales aprobados, algunos artículos serían editados en número sucesivos. Los artículos publicados serán remumerados tras su edición. Los textos propuestos no deben exceder de las 6.000 palabras en total (incluyendo notas y cuadros o gráficos) y tienen que cumplir estrictamente las normas para las colaboraciones publicadas en la versión en papel de la revista o en su versión on-line (www.telos.es).

En página aparte (en el mismo archivo), deberán incluir: autor, dirección electrónica y postal y CV (tres líneas).

Los artículos deberán enviarse en soporte electrónico a una de las siguientes direcciones:

• Electrónica: fundacion-telefonica@telefonica.es

• Postal: Fundación Telefónica. Gran Vía, 28-7ª planta. 28013 Madrid

Abstract:

Lo que empezó como un espacio de libertad sin reglas, o simplemente sujeto a las reglas del código, se está convirtiendo en un espacio hiperregulado, multijurisdicconal, en donde se desconfía del que no se identifica o se niega a dar más datos de los estrictamente necesarios. Tras los atentados del 11-S, la tensión entre derechos individuales y control se han vencido del lado del control, favorecido por el hecho de la propia tecnología permite una intrusión mucho más efectiva y profunda de la que es posible ejercer en el mundo analógico: cualquier operación requiere facilitar voluntaria o involuntariamente un número importante de información que no es necesaria en los ámbitos tradicionales; cualquier navegación es fácilmente trazable por operadores privados, que tienen de nosotros más datos de los que nosotros mismos somos conscientes de tener. A pesar de este creciente control, muchos claman por la reducción de los derechos individuales en internet en aras a permitir una investigación constante en un territorio que creen sin ley. Otros asisten con creciente preocupación a la fata de intimidad y control de sus datos, que dependen, en muchos casos, de contenidos de terceros publicados sin su intervención o permiso. A ello se une la creciente aparición de iniciativas que, sin ir directamente encaminados al recorte de derechos fundamentales, pueden resultar en unavulneración de los mismos por la propia naturaleza de la red ¿Hay un derecho a la navegación anónima? ¿Hemos de estar siempre identificados cuando nos conectamos? ¿Es lícito que la indexación permita acceder a la distancia de un click a informaciones personales que ya no constan ni en los registros públicos?

Líneas preferentes de desarrollo

1. Derecho al olvido: derecho a no ser indexado o a no ser perfilado mediante buscadores.

2. Derecho a la intimidad y a la protección de datos: navegación anónima v.identificación.

3. Identidad digital y reputación ¿es posible proteger el honor y la propia imagen en redes sociales y en la web 2.0?

4. La persecución de los datos personales y el ejercicio del derechos a la protección de datos personales en los países que no los reconocen.

5. Tensión entre los derechos de autor y el secreto de las comunicaciones.

6. Nuevos medios de comunicación colaborativos. El periodismo ciudadano y el derecho a la información. Aplicabilidad de la Ley de Prensa.

Si el volcán lo permite, que la autoridad parece que ya lo hace, el próximo 5 de junio compartiré mesa y quién sabe si centollo  con un plantel de ilustres juristas del otro lado de la toga para hablar de eso de las evidencias electrónicas y la tan manoseada modernización de la justicia.

Os copio un programa reducido (aquí toda la información) por si os queréis pasar y pagar el mencionado centollo:

- El derecho de las nuevas tecnologías- Prof. Dr. Miguel Ángel Davara Rodríguez

- La investigación de los delitos por internet y otras nuevas tecnologías– Dr. Eloy Velasco Núñez (Magistrado-Juez Instructor de la Audiencia Nacional)

- La inevitabilidad de la prueba electrónica en los procedemientos judiciales– Servidora

- Práctica Forense: aseguramiento, cadena de custodia y análisis de las evidencias informáticas – Juan Salom Clotet (Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil)

- Mesa Redonda: Hacia la digitalización de la práctica forense. Desafíos y retos de la prueba electrónica en la Justicia del siglo XXI.

Sé que resulta facilón y poco serio meterse con el grande, ir a pegar voces a las puertas de los juzgados o hacer periodismo de telefonillo. A eso los españoles estamos más que acostumbrados.

Como están acostumbradas las empresas grandes o las personas destacadas a instalarse en una situación de superioridad que, en muchas ocasiones, les hace creer que son inmunes a las leyes terrenales.. o estar tan pendientes de ellas, concretamente las que se dictan en EEUU, que incurren en abuso o en interpretaciones ridículas de las normas del mundo exterior.

Eso es lo que le pasa a Google últimamente: no es malo ser un monopolio, pero, como la fama, cuesta .. y cuesta no tener tendencia a abusar de esa posicion dominante que has alcanzado en el mercado.

En concreto el de la publicidad, y más en concreto, el de la relativa a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Así nos lo cuenta Ramón Muñoz en su pieza del pasado martes.

Con independencia de lo que cada uno opine sobre el aborto, lo cierto es que, desde la reciente reforma, ha pasado de ser un delito con excepciones, a un derecho con Ley Órganica de por medio. Y lo que Google no puede hacer es ignorar lo publicado en el BOE, bloquear la publicidad de las clínicas donde se practique, y llevar a España al Senado estadounidense y decir que el Reino de España practica la censura en internet.

Lo reitero antes de que el troll de guardia antiaborto entre en bucle y le dé por atormentarme y mandarme estampitas: esto no es un debate sobre el aborto; se trata de discutir si Google puede aplicar criterios arbitrarios, editoriales o basados en interpretaciones obsoletas de las leyes locales en la prestación de sus servicios cuando es monopolista en ese mercado.

Nada más.

What is RFID? – Animated Explanations

Vía :: Abonauta

Para tranquilidad de todos adelantaré que la porra no tiene ánimo de lucro, ni contenido económico, ni ná de na. Casi ni es una porra, más allá de la apetitosa foto (no tiene nada que ver, pero hay que dar color al blog). Lo digo por si alguien viene a pedir el premio, porque unos cuantos la habéis acertado.

El sábado hacía nuevas cábalas uniendo los trozos de lo que se contó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes y ahora compruebo, con el texto a la vista, que se parece bastante. Y que se han dejado sin resolver una cuestión importante (por lo menos para mi). Como entre los lectores de este bloguezuelo hay eminentes juristas les “reto” a que encuentren el fleco que se han dejado.

No es el teorema de Fermat, pero entretiene.

Reflexión posterior: A lo mejor no han dejado la cuestión sin resolver por despiste. Lo cierto es que está muy bien pensado para generar una “inversión de la carga del proceso”. Voy a estudiar a ver que efectos tiene la prejudicialidad civil en lo contencioso. A lo mejor encuentro algo interesante. La porra sigue, eh!!

Esta mañana ABC ha tenido la cortesía de invitarme -Julio Alonso mediante- a una mesa redonda sobre la nueva-versión-libre-para-la-radio de la Ley Sinde. Todo un ejercicio de equilibrismo y de clarividencia ya que ninguno de los presentes admitió haber visto la reforma que, parece, va a Consejo de Ministros mañana.

Tenemos una versión un tanto embarullada facilitada por El País, en la que no se entiende muy bien si hay un procedimiento administrativo primero y otro civil después, o que puñetas han inventado para que no se requiera la modificación de ninguna ley procesal.

Al final del debate me he quedado con dos reflexiones del representante de la Coalición de Creadores a partir de las que voy a hacer una apuesta de corto recorrido (mañana salimos de dudas) de cuál es la propuesta del Gobierno con respecto a este procedimiento de cierre de webs. Una ha sido, en réplica a un comentario mío sobre que se legisla “a tontas y a locas”, que en este proyecto han trabajado sesudos abogados del estado con bisturí laser jurídico. Y la segunda es que el juez que va a dar la orden de cierre no va a ser un juez civil sino de lo contencioso administrativo.

¿Mi interpretación? Se va a mantener un procedimiento administrativo que será instruído por la Comisión de Propiedad Intelectual al final del cual se dictará un acto administrativo que, como todos los que le damos al administrativo o nos han puesto una multa de tráfico sabemos, tiene el privilegio de la autoejecución: es decir, que la administración que lo dicta puede ejecutarlo sin auxilio judicial. Conviene recordar también que en el mundo del acto administrativo funciona  el principio solve et repete, latinajo que significa recurre si quieres, pero primero paga o avala, porque el recurso no para la ejecución.

En esta historia, y como resultas de que el Presidente del Gobierno prometió que no se cerrarán webs sin intervención judicial, parece que la propuesta modificada podría ser la siguiente: la Comisión pedirá la ejecución al Juez de lo Contencioso-Administrativo de la resolución que ella misma ha dictado. El juez no adopta, entonces, una medida cautelar, sino que valora si hay o no afectación de derechos fundamentales y, si no los hay, ejecuta la resolución administrativa en sus propios términos. En paralelo irá el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comisión, si lo interpone el titular de la web. Si al final se revoca esa decisión, el que haya sufrido el cierre, aparte del pataleo, tendrá la complicada vía de la reclamación de indemnización a la administración.

Por su parte el titular de derechos se ahorra el abogado, el procurador y la caución que le podrían imponer al solicitar una medida cautelar, y se ve respaldado (si le dan la razón) por un órgano administrativo que paga el contribuyente. Lo de la rapidez, dependerá del Juzgado.

Esta es mi apuesta de corta duración; mañana sabremos si me equivoco o no ¡Qué nervios!