Paloma Llaneza

Leo en el ABC de ayer la nota de prensa en la que Google informa sobre su cambio de política de Ads, permitiendo los anuncios de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo que hasta ahora prohibía.

He de confesar que ya conocía esa nota de prensa por ser el abogado que estaba detrás de la petición de ese cambio de sus políticas. Ya os dije que no me voy a pronunciar sobre mi postura personal sobre la legalización del aborto, no porque me preocupe, sino porque desvirtúa el debate que es importante en este asunto: dejar claro que las entidades monopolistas en Internet no deben de tener opinión sino aplicar la legislación de los países en los que presta servicios. Si Google acepta la censura china porque es un mercado que no se puede permitir perder, España tiene su sistema legal soberano que han de respetar igualmente. Así, en mi opinión, hay que entender esta decisión como un importante precedente de respeto a nuestras leyes (por controvertidas que sean) que no debería desdibujarse por un debate que existía antes de Google y que continuará después de esta decisión y con independencia de ella.

Me han pedido que coordine el próximo número de la Revista Telos de la Fundación Telefónica (Número 85: Derechos Fundamentales e Internet) y yo os pido que os animéis a participar mandando vuestros artículos. Aunque el plazo está muy cercano, no os preocupéis que os haremos hueco si llegáis un poco más tardes.

Aquí os van los detalles:

TELOS abre su convocatoria a propuestas de artículos para el Dossier central de un próximo número de 2010 sobre Derechos Fundamentales e Internet, de acuerdo con el abstract y las líneas preferentes de desarrollo más abajo recogidas.

Los textos en versión definitiva, deberán ser enviados antes del 15 de julio de 2010. Los artículos serán aprobados de forma anónima por su Consejo de Redacción y seleccionados para este Dossier, tal y como recomiendan los índices de prestigo en ciencias sociales a los que pertenece la revista (E.Revistas, DICE, etc).

Todos los autores recibirán una respuesta motivada de su valoración positiva, negativa o con petición de modificaciones. Si se produjera un exceso de materiales aprobados, algunos artículos serían editados en número sucesivos. Los artículos publicados serán remumerados tras su edición. Los textos propuestos no deben exceder de las 6.000 palabras en total (incluyendo notas y cuadros o gráficos) y tienen que cumplir estrictamente las normas para las colaboraciones publicadas en la versión en papel de la revista o en su versión on-line (www.telos.es).

En página aparte (en el mismo archivo), deberán incluir: autor, dirección electrónica y postal y CV (tres líneas).

Los artículos deberán enviarse en soporte electrónico a una de las siguientes direcciones:

• Electrónica: fundacion-telefonica@telefonica.es

• Postal: Fundación Telefónica. Gran Vía, 28-7ª planta. 28013 Madrid

Abstract:

Lo que empezó como un espacio de libertad sin reglas, o simplemente sujeto a las reglas del código, se está convirtiendo en un espacio hiperregulado, multijurisdicconal, en donde se desconfía del que no se identifica o se niega a dar más datos de los estrictamente necesarios. Tras los atentados del 11-S, la tensión entre derechos individuales y control se han vencido del lado del control, favorecido por el hecho de la propia tecnología permite una intrusión mucho más efectiva y profunda de la que es posible ejercer en el mundo analógico: cualquier operación requiere facilitar voluntaria o involuntariamente un número importante de información que no es necesaria en los ámbitos tradicionales; cualquier navegación es fácilmente trazable por operadores privados, que tienen de nosotros más datos de los que nosotros mismos somos conscientes de tener. A pesar de este creciente control, muchos claman por la reducción de los derechos individuales en internet en aras a permitir una investigación constante en un territorio que creen sin ley. Otros asisten con creciente preocupación a la fata de intimidad y control de sus datos, que dependen, en muchos casos, de contenidos de terceros publicados sin su intervención o permiso. A ello se une la creciente aparición de iniciativas que, sin ir directamente encaminados al recorte de derechos fundamentales, pueden resultar en unavulneración de los mismos por la propia naturaleza de la red ¿Hay un derecho a la navegación anónima? ¿Hemos de estar siempre identificados cuando nos conectamos? ¿Es lícito que la indexación permita acceder a la distancia de un click a informaciones personales que ya no constan ni en los registros públicos?

Líneas preferentes de desarrollo

1. Derecho al olvido: derecho a no ser indexado o a no ser perfilado mediante buscadores.

2. Derecho a la intimidad y a la protección de datos: navegación anónima v.identificación.

3. Identidad digital y reputación ¿es posible proteger el honor y la propia imagen en redes sociales y en la web 2.0?

4. La persecución de los datos personales y el ejercicio del derechos a la protección de datos personales en los países que no los reconocen.

5. Tensión entre los derechos de autor y el secreto de las comunicaciones.

6. Nuevos medios de comunicación colaborativos. El periodismo ciudadano y el derecho a la información. Aplicabilidad de la Ley de Prensa.

Vía :: El País

Había una costumbre en la prensa escrita (también en las televisiones) que consistía en introducir una noticia falsa, generalmente indolora, para celebrar esta festividad sin necesidad de poner purgante en el café a nadie, costumbre patria ésta útima que solía ir acompañada de retortijones y de la frase “¡es que no sabes aguantar una broma!”.

Esta tradición, que ayudaba a la venta de prensa -pues llevaba aparejada la compra de todos los períodicos para encontrar la inocentada-, fue abolida por El País al considerarla poco seria. Trás él todos los medios de comunicación se deshicieron de una de las tontadas que me hizo lectora de prensa.

Hoy me llama un amigo y compañero de profesión para decirme: ¡Oye!, parece que han reeditado lo de las inocentadas en prensa ¡sales en la portada del Cinco Días!.

Pues será.

Después de año y medio de trabajo y revisiones, conseguí, como experta del esquema Europrise, que se certificase el Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid. Hay fotos que ya colgaremos, pero os dejo no sólo con las notas de prensa, sino con el acceso al certificado y, lo que es más interesante, al short report, resumen de las 150 páginas de informe de evaluación.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid consigue el Sello Europeo de Privacidad (EuroPriSe)

Madrid/Kiel, 3 de noviembre de 2009
Hoy en Madrid, en el marco del Seminario EuroPriSe, enfocado a tratar especialmente temas relativos al trabajo de las autoridades de protección de datos, se han concedido dos nuevos Sellos Europeos de Privacidad. El sello fue entregado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por su “Solución para la gestión del servicio de Justicia Gratuita”.

Este servicio TIC demostró satisfactoriamente su cumplimiento de los exigentes requisitos de la legislación europea de protección de datos. En el sistema jurídico español, como en otros muchos países, el Estado está obligado a prestar ayuda a las personas que de otra manera no podrían costear los costes de una representación legal. El ICAM está obligado a verificar si las solicitudes de ayuda presentadas por los ciudadanos cumplen los requisitos de la ley. Para cumplir con esta obligación, el Colegio de Abogados de Madrid utiliza su “Solución para la gestión del servicio de Justicia Gratuita” que comprende la operación de un aplicativo desarrollado por el propio Colegio para gestionar la base de datos de Justicia Gratuita y el interfaz web que permite a los colegiados acceder a la información respecto a pagos pendientes y fechas de los mismos.

“Solución para la gestión del servicio de Justicia Gratuita” del ICAM ha demostrado con éxito su cumplimiento de la legislación europea de protección de datos y se les ha concedido hoy el Sello Europeo de Privacidad Europeo -EuroPriSe. “La evaluación de la “Solución para la gestión del servicio de Justicia Gratuita” confirmó que el ICAM pone un gran énfasis en la implantación de importantes medidas técnicas y organizativas para asegurar la máxima confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los datos personales procesados. El ejemplo del ICAM muestra que la obtención de un sello EuroPriSe no es solo atractiva para las empresas privadas, sino también para entidades públicas o que ejercen potestades de Derecho público” comenta Antonio Troncoso Reigada, Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM).

EuroPriSe is delighted to announce the awarding of European Privacy Seals to the IT-based “Legal Aid Solution” developed and used by the bar association of Madrid and to Iberemec’s web based client module of its customer relationship management (CRM) system “Iberemec CRM”.

On November 03, 2009, the bar association of Madrid (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – ICAM) was awarded a EuroPriSe certificate for its “Legal Aid Solution”. ICAM is legally obliged to check whether legal aid requests filed by citizens meet the requirements established by Spanish law. Fulfilling this legal obligation, ICAM  makes use of the “Legal Aid Solution” encompassing the operation of internally developed software managing the legal aid database and a web interface allowing independent duty solicitors to access information about pending legal fees and payment dates.

The evaluation performed by EuroPriSe Expert Paloma LLaneza (technical and legal) lead to the conclusion that ICAM’s “Legal Aid Solution” is compliant with EU data protection law. The evaluation confirmed that ICAM processes only personal data strictly necessary to fulfil its legal obligation and that it puts quite some emphasize on implementing strong technical and organisational measures ensuring maximum confidentiality, integrity and availability of all personal data processed.

ICAM is the first public body to be awarded a European Privacy Seal.

Haciendo mío el título de la nueva sección de Bertovisión “Estupor”, me meto en un charco siendo consciente de que me pueden sepultar en el barro.  Aunque, bien mirado, como no soy una blogger de culto veo difícil  ofender a nadie si digo que me parece  inadecuado el tono de la entrada de Enrique Dans y que discrepo de lo que cuenta el compañero David Bravo sobre la cuestión de la sentencia dictada de conformidad en el asunto Infopsp.

En cuanto a la primera, desconozco si Dans tiene datos que los demás no tenemos y le consta que hay un interés manipulador o mendaz en todos los medios de comunicación que han dado la noticia. Si, por el contrario, toda la base para llamarles mentirosos a cuello vuelto se basa en la incompleta información que el condenado da en su blog, me va a permitir que le diga que se le ha ido la mano bastante. Porque una cosa es llegar un acuerdo y otra cosa es tener la sentencia dictada y notificada en la mano, que uno no se va con la sentencia puesta a casa. Aún no he conseguido ver la fecha de la sentencia ni la de notificación a las partes. Si alguien tiene la amabilidad de mandármela con mucho gusto le daré la razón a Dans si lleva fecha de 24 de noviembre.  Si no, espero que Dans se retracte.

En cuanto a las dos entradas del compañero Bravo sobre este tema, resulta difícil no hacer un apunte a su afirmación “La verdadera noticia es que una persona se ha declarado culpable de algo que no era delito según el 100% de los jueces que habían resuelto anteriormente casos idénticos al suyo”. Como bien sabe el compañero Bravo estas sentencias no crean jurisprudencia y por lo tanto no sujetan a ningún otro juzgado o tribunal en el futuro, que son libres de valorar la prueba que se les aporta y tomar una decisión. La culpabilidad o la inocencia es algo que no depende de los hechos, como cualquier abogado sabe, sino de los hechos probados y de la aplicación de la ley a los mismos.

Creo que es de radical importancia aclarar este punto, ya que, parafraseando las informaciones de los fondos de inversiones, “absoluciones pasadas no aseguran absoluciones futuras”. Sé que es políticamente incorrecto decirlo pero los que nos dedicamos a esto del Derecho no hacemos ningún bien diciendo que las descargas son legales y generando confusión en lugar de dar luz.

Es de justicia distinguir: el P2P es un ilícito civil siempre. Ni con forceps vamos a conseguir que se considere copia privada un screener ¡seamos serios! ni  la copia de la copia de la copia que nos descargamos. Que no sea delito no lo hace menos ilegal. Pero es que cuando hay ánimo de lucro, es  delito. Y, sigamos siendo serios ¿cuántos jovenes de la edad del  imputado conocemos que se están forrando con la publicidad de sus páginas y encima libres de impuestos? No estamos hablando de un dinerillo para tomar un cafetín.

Era sólo una cuestión de tiempo que alguien fuera condenado por éstas páginas que “facilitan” las descargas (tanto da si es en contra de la voluntad del imputado, como si es con su conformidad, que no es otra cosa que una asunción de culpa) como es una cuestión de tiempo que los ingresos por publicidad se consideren ánimo de lucro a efectos penales ¿o de qué viven las televisiones? ¿de lo que les pagamos los televidentes? ¿qué ha pasado con la prensa escrita cuando la publicidad se ha desplomado?

Es bueno aclarar estas cuestiones a los que se nos acercan a preguntar. La obligación de un abogado es identificar el riesgo legal de la actividad de su cliente y, desde la independencia y el rigor, aconsejarle. Luego es él el que decide correrlo y pechar con sus consecuencias. Nuestra es la obligación de defenderlos, muchas veces de ellos mismos, pero nunca debemos sustituir su voluntad. Si no estamos de acuerdo con ellos, renunciamos a su defensa, y si ellos no les gusta cómo les aconsejamos, se buscan a otro en el que confíen más.

Me desagrada, lo confieso, la posición en que se está dejando a la compañera que ha defendido a Kuve, que no sé ni quien es y, como es obvio, de nada la conozco. Sin ver los autos no me atrevería a insinuar que, por su inexperiencia no le ha dado el mejor consejo. Creo que la entrevista que David Bravo realiza al condenado (que ya no imputado) no es suficiente para tomar razón del pleito y parece más una excusatio del condenado, que se ve, no se por qué, en la necesidad de justificar su decisión. Que aguante la vela y deje de buscar excusas en la inexperiencia de su Letrada, en su edad, mientras pide que sean otros los que se enfrenten al sistema, aguanten la pena de baquillo y los nervios de una imputación: -”quedaos vosotros en la barricada que ya si eso nos vemos un día de estos”

Y mi último estupor es el de escuchar que ésto es un golpe a la cultura libre ¿De verdad que la gente que defiende la cultura libre considera que esto socava de alguna manera sus postulados? Yo había entendido hasta ahora que ésta se basaba en apoyar un nuevo concepto de propiedad intelectual, que permitiese al autor elegir si quiere o no tener intermediarios y cómo y por qué se le remunera. ¿O es que los que se van a grabar al cine para luego “compartirlo” lo hacen todos por amor al arte? ¡Pá defensa tan cutre nos hemos quedado! Con un discurso de defensa de la legalidad de lo que son conductas contrarias a la ley vigente no se va ni a la vuelta de la esquina.

Si lo que se pretende es ser un lobby potente hay que levantar la mirada y trabajar por un cambio legislativo, que no llegará si entendemos que esta sentencia de verdad tiene algo que ver con tanta y tanta gente imaginativa y brillante que desarrolla en código abierto o que pone a disposición de los demás, bajo sus condiciones, sus fotos, su música, sus textos.

Como no tengo, ni mucho menos, el altavoz de El País, supongo que nadie llamará a esto publi-reportaje.

La cochambre legal de Estados Unidos es directamente proporcional al minutón que los grandes despachos le pegan a sus clientes. Frente a disoluciones de un día para otro de despachos centenarios como Heller Ehrman (a su web aún no se lo han notificado a pesar de que el mundo de los blogs jurídicos ya se ha llenado de posts al respecto), hay algunos que sobreviven a golpe de ayudar a la gente a “safarse” de su cónyuge.

Visto en El Pito doble

Veo la noticia “Decenas de abogados ofrecen sus servicios a los familiares de los fallecidos en el accidente aéreo de Barajas” y me avergüenzo de pertenecer a este gremio.

Nadie después de haber perdido a toda su familia está en condiciones de elegir la mejor y más independiente defensa legal, sólo de llorar a sus muertos. Aunque precisamente es en este estado de aturdimiento cuando conviene engancharlos y prometerles venganza, sangre e indemnizaciones millonarias.

De pena.

Por mucho o poco que uno trabaje en una bitácora (y hace tiempo que trabajo en esta tirando a bien poco) nunca está en posición de prever qué será lo que atraiga a las gentes a sus playas (me siento como Tom Hanks en Náufrago).

Parece ser que, en el caso de esta bitácora, no son las escasas entenderas y menor interés en lo que dice su autora, sino su capacidad de localizar cada año en la ley de presupuestos los valores del IPREM y cortarlos y pegarlos en un post. Cada año a principio de ejercicio nos escriben los del hosting para decirnos que o contratamos más capacidad o nos mandan al limbo de la web, allí donde los blogs abusones van a purgar sus pecados.

A todos aquellos que dejáis preguntas sobre este apasionante tema, os tengo que advertir que no tengo ni la más remota idea de como se aplica, se calcula, se pliega y se mutiplica. No es falta de educación el no contestaros, es vergüenza torera. Dejo vuestros comentarios por si un alma caritativa que sepa del tema quiere contestaros. Nada más. Aunque permitirme un consejo: en las cosas de los dineros y, en general en la vida, es preferible pagar por el consejo de un profesional; así, si se columpia, siempre le podréis exigir por un trabajo mal hecho.

Pero si preferís el riesgo, adelante. Y si alguien quiere prestar sus servicios de asesoramiento de manera gratuita, tiene un monton de consultas sobre el IPREM sin resolver. Al menos si no es pagado, a lo mejor es agradecido con un jamoncito.

Volvemos de vacaciones y el que no sufre un síndrome es que es un soso. Uno puede elegir entre el post-vacacional, el de burnout, o el de agotamiento post-chiriguitero, dependiendo de la capacidad adquisitiva de cada cual.

Tan vacios están los periódicos de noticias y tan extendido el tema, que me escribe un cliente soltándome un marrón a la voz de “espero que no estés con la gilipuertez esa del síndrome post-vacacional”. A lo que, por supuesto, contesto que claro que no, que los abogados estamos hechos de granito castellano y que estas cosas no nos afectan.

Con la curiosidad picada por saber si me encuentro entre los grupos de riesgo, descubro que el nombre de burnout sydrome lo acuñó en 1976 la psicóloga social Christine Maslach por ser el que utilizaban de forma coloquial los abogados californianos para describir el proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional y desinterés cínico entre sus colegas (¿de qué me sonará esto?).

Me entero en el curso de este trabajo de investigación googleliano que, según Francisco Alonso-Fernández, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, el trabajo en la Edad Media era algo deleznable, que “todos hacían lo imposible por eludir”, lo que vino a jorobarse con la Reforma protestante del siglo XVI a partir de la cual en algunos países pasó a ser algo honroso.

Y digo algunos porque, según Alonso-Fernández, uno de los países que siguió oponiendo más resistencia a la introducción del trabajo en la cultura occidental fue España, que en el siglo XVII “ocupaba una posición privilegiada para desarrollarse como país sin necesidad de universalizar esta práctica”.

Creo que el Profesor Alonso-Fernández se queda corto en la cronología. Aquí la gente no está quemada por trabajar sino por no poder continuar la larga tradición del Lazarillo que tan bien ha representado el sector inmobiliario los últimos años: la tradición de trabajar lo justo para ir andando.